Fiallo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA

CURSO “VEINTICINCO AÑOS DE HISTORIA DOMINICANA”

1959 – 1984

PONENCIA

LA TRANSICIÓN POST-TRUJILLISTA: SUS ANTECEDENTES
HISTÓRICOS, DE LA CRISIS DE LA DICTADURA A LA
SEGUNDA OCUPACIÓN MILITAR NORTEAMERICANA
(1959 – 1965)

Expositor:
Prof. Dr. José Antinoe Fiallo Billini

Ponencia Expuesta:
MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Santo Domingo, D. N., 1984

El período que nos corresponde abordar, intenso y desgarrador, cierra el largo proceso de luchas nacionales y populares por la revolución democrático-burguesa, e invoca, por tanto, a la necesidad de introducirlo con una visión histórica de esa lucha contradictoria, en la cual se enfrentan fuerzas sociales, y de clase que giran en los ejes de ruptura de la dominación de los centros hegemónicos o en la práctica de dar continuidad al control metropolitano por la vía de la ocupación o la vía neocolonial.

Obviamente, el cumplimiento de las tareas democrático-burguesas adquiere una profundidad revolucionaria por el carácter de las fuerzas reaccionarias opuestas, pero sin embargo, al no estar bajo estrategias revolucionarias de dirección (revolución popular socialista), no puden ser llevadas a su cumplimiento total, incluso, en los casos de insurrección popular abierta y quiebra de la forma política de dominación.


La Herencia Colonial:

La potencialidad de acumulación de bases materiales para las ulteriores tareas democrático-burguesas están en el desarrollo de las fuerzas productivas que significó el incipiente sistema de plantación o modelo de plantación azucarera del Siglo 16, en la medida en que este produjo la inserción de una economía agroexportadora en el “mercado” mundial y en los procesos de acumulación originaria europeos, tanto por la vía del comercio legal como por el contrabando abierto.

La producción del azúcar en un contexto de relaciones de producción esclavistas pero destinada al “mercado” mundial, permite, por un lado, el mejoramiento de la composición orgánica de las fuerzas productivas (medios de producción y calificación de la fuerza de trabajo), y también por otro, la vinculación de la oligarquía propietaria esclavista a la dinámica del capitalismo a escala mundial. Sin embargo, la crisis del modelo de plantación por factores internos y externos que no necesitamos mencionar, significó una crisis material y política de proporciones insulares y creó las condiciones para la definición a mediano plazo de fuerzas contradictorias que girarán alrededor del sostenimiento o no del pacto colonial.

La profundización de la pobreza de las capas criollas propietarias y la incapacidad española para una estrategia de sostenimiento del territorio colonial, significaron, por un lado, la generalización del contrabando y rescates a lo largo de la banda norte y occidental, y por otro y en consecuencia, una resistencia social y política al control colonial español.

Naturalmente, la producción para el contrabando, si bien expresaba una cierta heterogeneidad en las relaciones sociales de base con predominio esclavista, sentaba las bases para un relanzamiento de la economía mercantil de relevo a la producción azucarera de exportación del Siglo 16. Esa actividad productiva que era el contrabando, se realizaba a contrapelo y en resistencia al pacto colonial, dibujándose, pues, una nueva línea de demarcación de intereses de clase en el territorio periférico colonial. En cierta medida, el aislamiento de la burocracia colonial y del grueso de la sociedad política colonial era considerable, en la medida en que la sociedad civil colonial se apoyaba crecientemente en una economía de autosubsistencia, por un lado, o mercantil de contrabando por otro, profundizando el desgarramiento territorial y la capacidad de dominio de los centros hegemónicos coloniales.

Ello explica el carácter violento y despótico de las Devastaciones y Despoblaciones de 1605-1606, cuando en nombre del viejo pacto colonial se liquidó un eje de acumulación mercantil (contrabandos y rescates) y se acentuó el carácter represivo de la dominación burocrático-colonial, al perseguir toda oposición y resistencia de los propietarios y criollos perjudicados con la estrategia de tierra arrasada del Imperio.

La posibilidad histórica de que criollos propietarios y españoles propietarios, de hatos y otras unidades productivas orientadas al comercio clandestino con europeos no españoles, se transformaran en una fuerza social crecientemente independiente, fuera, al amparo del libre comercio institucionalizado, o por vía ilegal, significó un rudo golpe a una reformualción de las fuerzas productivas coloniales, y sobre todo, al fortalecimiento de las bases de fuerzas sociales anticoloniales en el mismo bloque hegemónico de dominación.

La militarización de la Colonia en el Siglo 17, para garantizzar el control del territorio oriental, así como los intentos de recaptura de la banda Norte y Occidental, significió una reformulación total de las potencialidades históricas de las tareas democrático-burguesas. Las despoblaciones y emigraciones, la relación pobre entre territorio-población, el patriarcalismo esclavista de la sociedad hatera y la movilización de peones pobres de aldeas y ciudades, así como de propietarios desplazados, bajo la dirección de la burocracia y los sectores más recalcitrantes del pacto colonial, significaron una recomposición de la hegemonía estratégica de la sociedad. Cincuentenas, lanceros, y otras expresiones militares y paramilitares de la defensa, y también, de la economía ganadera, generan una movilización social reaccionaria que coloca las tareas de fortalecimiento del pacto colonial como un fenómeno de masas activas a mediano plazo. A ello debemos agregar, las limitaciones de las masas esclavas, por el patriarcalismo de las relaciones sociales, y por el reforzamiento de la hegemonía al través del sincretismo religioso y las formas de organización bajo control como es el caso de algunas de las cofradías y otras formas de participación segregada.

Obviamente, en este contexto, la movilización social de un alternativa de alianza hegemónica frente al pacto colonial, era, pues, no solo limitada sino virtualmente imposible a lo largo de los Siglos 16 y 17, y las tareas preburguesas no sirvieron para crear sedimiento a las posteriores.

En el Siglo 18, la división insular institucionalizada y la correlación de fuerzas en Europa y la expansión del “mercado” capitalista, colocaron en el centro de la problemática a la Colonia Francesa del Saint Domingue, la cual expandió su dinámica a una división insular del trabajo, subordinando el escaso dinamismo de la economía de la parte oriental a los requerimientos de su relación esclavitud-capitalismo-burguesía metropolitana. De nuevo, el contrabando y la relación comercial este-oeste reactivan las potencialidades mercantiles tradicionales, incorporándose ahora a ella, la producción tabaquera.

La Colonia Francesa generó las condiciones materiales para una revolución antiesclavista en el contexto de las tareas radicales de la revolución francesa, sobre todo en el climax democrático burgués del jacobinismo. Asistimos pues, a una combinación de tareas democrático-burguesas en la metrópolis y en la periferia colonial, naturalmente, de heterogéneo y diverso contenido. En el caso colonial, está en primer lugar la relación entre dominación colonial y dominación esclavista en el marco de la lucha por la representación política de la periferia en el proceso político metropolitano. Por la vía de los reclamos de soberanía burguesa, se cuelan progresivamente, los reclamos de la oligarquía esclavista blanca, la oligarquía mulata y las masas esclavas. Asistimos a una espiral de tareas democrático-burguesas, que ascienden por una escalera de debilidades de clase sucesivas, hasta que las contradiciones del modo esclavista de producción colonial hace crisis ante la incapacidad hegemónica de la burguesía y la oligarquía blanca para absorver y redefinir la tareas democrático-burguesas en la periferia colonial.

El estallido revolucionario popular haitiano es un largo proceso en el cual se cumplen parcialmente tareas históricas, como la abolición de la esclavitud, la redefinición del problema de la tierra, la organización estatal y el reordenamiento clasista, siendo por lo tanto, un polo de referencia para la organización de plataformas alternativas en la parte oriental desde finales del Siglo 18 hasta inicios del Siglo 19.

La lucha por la unificación insular o por la redefinición insular que involucra a haitianos, españoles, franceses, ingleses y la población oriental, expresa en gran medida el carácter parcial y mediatizado de las tareas incumplidas de la revolución haitiana, por un lado, y por otro, el intento de entrelazar el cumplimiento de tareas democrático-burguesas en la parte oriental con la capacidad material del estado haitiano como vía.

Este proceso no es lineal y abarca desde el intento de resistencia al régimen francés del General Ferrand por la pequeña burguesía de la banda Sur, hasta las conspiraciones revolucionarias “de los Italianos” contra el régimen del hatero Juan Sánchez Ramírez, actor de la reactivación del pacto colonial criollo-español. Sin embargo, la reactivación del pacto colonial por la llamada victoria de la “Reconquista”, se hace en un contexto que articula progresivamente las necesidades del estado haitiano y el bloque hegemónico en reestructuración alrededor del sector agro-exportador, la debilidad histórica del pacto reactivado, y las demandas sociales, políticas y económicas, de orden tímidamente democrático-burguesas, que levantarían esclavos, propietarios criollos, pequeños burgueses y, además, civiles y militares, básicamente de origen popular mulato.

No es casual la inviabilidad de la llamada “Independencia Efímera” de 1821 encabezada por José Núñez de Cáceres, que al fracaso de la reactivación del pacto colonial, busca afanosamente y sin reformas socio-políticas, una proclamación que no tiene ninguna vinculación con las tímidas demandas de sectores de masa en el orden democrático-burgués. En esta coyuntura, las tareas democrático-burguesas se articulan a la exigencia de fusión o unidad política con Haití, exigencia que entra, de manera muy clara, en la estrategia de la dirección política haitiana.

A partir de 1822, es decir, la fusión organizada por el régimen de Boyer en una amplia alianza hegemónica haitiana-dominicana, se aplica una política que tiende a abrir el camino del cumplimieno parcial de algunas tareas históricas heredadas del pacto colonical, como por ejemplo, la abolición de la esclavitud, redefinición de la cuestión étnica, segregación relativa de la Iglesia del aparato burocrático-político de la administración, impulso a la producción mercantil simple, entre otras.

Por la vía de la fusión con Haití ingresamos a la problemática de la cuestión nacional dominicana, no como una lucha anticolonial, como hasta ese momento se planteaba potencialmente, sino como la resolución de tareas democrático-burguesas de una minoría nacional en una sociedad sin base capitalista y sin burguesía nacional productiva, en el contexto de un estado que activaba una política fomentalista y de alianza hegemónica con clases y capas importantes de la población de la parte oriental.

Ello explica la durabilidad de la fusión política con Haití y, sobre todo, el carácter estratégico de las contradicciones en el propio seno del Estado y la sociedad haitiana como núcleo fundamental de las posibilidades separatistas, en cuanto las tareas democrático-burguesas estarán atadas a la crisis del poder haitiano y a la crisis de la alianza hegemónica haitiana-dominicana en la parte oriental, que abarcaba a capas pequeño burguesas, alto comercio y campesinado parcelario.

Esto explica también,
la radicalidad del planteo duartista de las tareas democrático-burguesas, en la medida en que la crisis del desarrollo de las fuerzas productivas insulares, y los niveles de esta crisis en su materialidad política (régimen boyerista), permitiera a estos catalizar la denuncia, movilización y organización de los sectores urbanos populares y medios. La fusión con Haití, que planteó originalmente el cumplimiento de tareas democrático burguesas en condición de minoría nacional, crea las condiciones para que éstas se eleven de nivel y alcance con la crisis haitiana y encuentren su potencial resolución en la separación de la parte oriental.


LA FORMACIÓN DEL ESTADO

Sin embargo, la cuestión nacional por la vía de la separación se encontraba con la lucha contradictoria entre las fuerzas sociales y políticas de la parte oriental. Por un lado, el relevo del pacto colonial concretizado en el alto comercio y la burguesía comercial extranjera, los hateros y las capas pequeño burguesas anexionistas; por otro, la pequeña burguesía urbana progresista, las capas urbanas empobrecidas y el campesinado parcelario eje de la economía mercantil simple.

De entrada, el cuadro clasista y político era complejo y de difícil estructuración, aunque los proyectos de clase (anexionistmo y nacionalismo), estaban claramente perfilados en las luchas de clase.

Para el bloque anexionista no había tareas democrático-burguesas que completar o cumplir, heredadas de la dinámica colonial y de la fusión con Haití, sino más bien, una redefinición moderna del pacto colonial, como lo demuestra, por ejemplo, el Plan Levasseur, lo cual expresa la dinámica expansionista del alto comercio y la burguesía comercial extranjera. Se trataba, en lo fundamental, de insertarnos en la expansión del capital comercial extranjero y en la nueva división internacional del trabajo en lenta gestación.

Sin embargo, y como lo demuestra el período 1844-1861, la estructuración de la dominación hegemónica de este bloque no era ni fue de fácil resolución, razón por la que, la clase económicamente dominante (alto comercio criollo y extranjero) que controlaba el flujo de exedentes y mercancías, sobre todo el procedente de los cortes de madera y otros renglones de agroexportación, por su condición ultraminoritaria en la formación social, necesitó de una alianza en la cual los hateros y pequeños burgueses anexionistas se transformaran en clases políticas que administraran el proyecto de Estado reaccionario que ellos necesitaban.

Por otro lado, la pequeña burguesía urbana progresista, inicialmente encabezada por la radicalidad del Duartismo, no tenía las posibilidades materiales de retar territorialmente al bloque dominante, no sólo por sus limitaciones propias, sino porque el campesinado parcelario, base de la economía mercantil simple, expresaba una forma de dispersión territorial, por un lado y, además, estaba atado a las condiciones específicas de sus relaciones de producción que lo subordinaban a sus medios y a la regularidad de sus cosechas para el “mercado”.

Por ello, el Estado Hatero expresa una sociedad política fuerte, fundamentalmente basada en la militarización de fuerzas sociales populares (milicias aldeanas) y núcleos regulares de control territorial, así como una centralización creciente en los jefes de caudillos que institucionalizaron la política de las armas como ley de solución de las contradicciones de clase, tal es el caso del Artículo 210 de la Constitución de San Cristóbal o la Creación de Comisiones Militares como jurisdicciones políticas judiciales.

Ello explica, por otro lado, el intento del Golpe de Estado Revolucionario o Insurrección del 9 de Junio de 1844 auspiciado por la pequeña burguesía de origen trinitario y duartista, como vía de excepción para cumplir tareas democrático-burguesas en el orden de la composición del poder, la soberanía estatal contra el anexionismo y la liquidación del despotismo y el militarismo reaccionario.

A pesar del obvio predominio del anexionismo en el período indicado, las luchas dentro de la alianza hegemónica se expresaron en las formas de la administración de la dictadura del Estado Hatero, entre las variantes Santanista y Baecista, en la medida en que la primera descansaba no sólo sobre intereses de diversa dinámica material, sino en el uso de los recursos de coerción de la sociedad política, fundamentalmente las fuerzas productivas y, por tanto, de exportación de excedentes, aún fuera esto en un esquema mercantil simple, recurrió, además de la coerción, a amplias alianzas hegemónicas que abarcaron desde la pequeña burguesía urbana hasta el campesinado parcelario.

El nacionalismo estuvo, pues, atenazado, no solo por su debilidad orgánica, sino entre dos puntas afiladas de los proyectos de dictadura anexionista, uno de los cuales atacaba sus propias posibiliddes hegemónicas en lo político y económico: el baecismo.




PRIMERA LECCIÓN: OCUPACIÓN Y DICTADURA MILITAR
DE OCUPACIÓN
GUERRA POPULAR DE LIBERACIÓN

Sin embargo, las diversas formas de la dictadura del Estado Hatero no pudieron impedir la crisis consecuencia de las políticas económicas, incluyendo las monetarias, y las necesidades de la expansión de la producción mercantil simple en su relación con la protección del poder político y la necesidad de preservar el circuito comercial interno. Ello nos explica la Revolución Cibaeña de 1857, no tan solo como una expresión coyuntural, sino como una respuesta a la incapacidad para sostener la alianza hegemónica sobre la base de una clase políticamente mediadora como los hateros, pero en franca liquidación histórica en ese rol y, que por tanto, no podía sostener el equilibrio con el baecismo y bajo la presión de la pequeña burguesía cibaeña.

El Doble Poder de la Revolución de 1857 y las alianzas de clase implementadas, expresan en doble partida, tanto la profundidad de la crisis, como la debilidad, todavía, de las fuerzas enfrentadas. Sin embargo, la problemática de la Revolución Cibaeña de 1857 era la premonición de la crisis del poder armado que cimentaba la “unidad nacional” impuesta por la alianza hegemónica, vale decir, la ruptura del corazón del Estado Hatero, el fraccionamiento de la sociedad política.

Esta antesala explica la sustitución del Estado Hatero por la Ocupación Militar Española y su Dictadura: el poder militarizado criollo por el poder militarizado extranjero y colonial. Es la última carta de reactivación del pacto colonial clásico, pero sobre una base de sustentación hegemónica débil, en cuanto la Ocupación Militar y su Dictadura no pudieron superar su condición de sociedad política separada del resto de la formación social, con lo cual agudizaron, también por sus políticas de monopolio y segregación, las condiciones para el replanteamiento de las tareas democrático-burguesas radicales por
la vía de la insurrección anticolonial, es decir, por la política armada: la guerra de liberación.

Las tareas democrático-burguesas de la Guerra Restauradora tuvieron diversos niveles, dependiendo, claro está, del predominio de diversas fuerzas de clase en la conducción político-militar de la guerra y en la producción teórico-política de los órganos políticos o de propaganda del poder armado restaurador. Desde demandas pactistas, limitadas por su carga de anexionismo disfrazado, hasta la resolución armada de las contradicciones de la dictadura revolucionaria de Gaspar Polanco, pasando por los Editoriales sobre “La Revolución Dominicana” del Boletín Oficial del Gobierno Restaurador, las exigencias democrático-burguesas en lo político y de expasión mercantil en lo económico saturaron necesariamente las vías de su cumplimiento a través de la política armada o la retórica que no producían la acumulación originaria ni la aparición de condiciones superadoras del precapitalismo.

Al concluir la guerra, obviamente se entra en un proceso de recomposición del poder y las relaciones de producción (1865-1880), período en el cual se producirán importantes transformaciones históricas que sentarán las bases para la formación del Estado Oligárquico y una transición al desarrollo pleno de una formación social capitalista. Ese proceso de recomposición no alteró las bases fundamentales del poder, en la medida en que, la regionalización de la producción por la escasa integración nacional, el poder regional de los caudillos y la limitada dinámica mercantil permitieron la sobrevivencia de una superestructura que obstaculizaba el desarrollo de las fuerzas productivas.

Esta situación explica el relevo de los restauradores por el baecismo y el relanzamiento de un nuevo proyecto de protectorado, esta vez, el proyecto anexionista con los Estados Unidos, al cual pusieron resistencia los sectores vinculados históricamente al nacionalismo y otros en contradicción con el baecismo por la lucha exclusivamente caudillesca. Debemos precisar que, la política anexionista del baecismo descansaba en una unidad multicaudillista centralizada en la persona de Báez, a diferencia del caudillismo azul, sin capacidad de integración y con tendencia a la lucha intragrupal, lo que necesariamente limitaba la lucha nacionalista y le impedía adquirir una naturaleza hegemónica. La tarea democrático-burguesas, pues, se entrampaban en la naturaleza de sus fuerzas sociales sostenedoras, abrían el camino al cumplimiento de tareas burguesas y capitalistas atrasadas, por la vía del anexionismo, el protectorado y la alianza estrecha con el capital comercial, financiero y azucarero extranjero, a pesar del
intento liberal de la llamada “Guerra de los Seis Años” contra la dictadura baecista anexionista.

En efecto, en este período se descarta la plataforma fomentalista y productivista de la burocracia, el alto comercio, la burguesía comercial extranjera y el capital azucarero como vía para el desarrollo del capitalismo dominicano. Naturalmente, la dinámica de este capitalismo incipiente surge de las nuevas condiciones del capitalismo mundial premonopólico, de la nueva división internacional del trabajo y, por tanto, de las exigencias, tanto de materias primas como de inversiones productivas en la periferia.

Ahora bien, lo importante es precisar que la organización capitalista y las tareas burguesas serán genéticamente de carácter dependiente y por la vía de formas de la dictadura de clase autoritarias como consecuencias de la alianza entre la burguesía extranjera y los dominantes criollos.

Esta vía histórica supuso la institucionalización de fuerzas productivas atrasadas, en la medida en que para garantizarse una extracción de excedentes competitivos, sostener un equilibrio de poder, se mantenían y reproducían formas precapitalistas incluso superadas como es el caso de la aparcería y el colonato, lo que explica las limitaciones de la vía capitalista dependente agroexportadora. Pero explica también, como este momento constitutivo y estructurador del capitalismo dominicano, imprime a las demandas y tareas democrático-burguesas avanzadas, como por ejemplo la cuestión de la independencia estatal, las formas democráticas de la dictadura burguesa, así como las vías de desarrollo independiente del capitalismo, la naturaleza de plataforma radicales y de confrontación.

El cierre del ciclo final del Siglo 19 corresponde, precisamente, al último intento de este período de alcanzar una “vía criolla” dependiente que relevara al baecismo, por un lado y, la inviabilidad de la “revolución burguesa” institucional de los Gobiernos Azules, atrapados estos últimos entre la forma “democrática” de la dictadura y el modelo dependiente en el cual se mantuvieron y al cual no pudieron o no quisieron transformar o redefinir. El régimen de la dictadura del Estado Oligárquico bajo el gobierno de Ulises Heureaux (LILIS), es el resultado de la alianza hegemónica del capital extranjero, la burguesía comercial, el latifundismo, capas medias urbanas y la base popular sostenida por el clientelismo estatal y caudillezco, en un momento de transición clave al dominio yanqui y a la expansión del fenómeno del imperialismo. La articulación de la política baecista anexionista, la garra del capital financiero europeo en escalada desde Hartmont, logra su culminación con la política económica dependiente de Lilís y su alianza hegemónica en áreas como comunicaciones, transportes, plantaciones de azúcar, cacao, bananos, así como actividades financieras, en el marco del forcejeo y lucha entre los intereses europeos y norteamericanos.

La vía dependiente del capitalismo dominicano se reforzó y las vinculaciones estatales con el capital financiero se redoblaron con los empréstitos Westendorph, con su cadena de contratos y consecuencias sobre la función recaudadora de la sociedad entre los grupos dominantes criollos, la burguesía monopólica y la burocracia lilisista, de la deuda externa y su papel en la profundización de la vía dependiente.

Esta transición está marcada por la línea que significa la San Domingo Improvement, en cuanto al traslado de los compromisos de la deuda, redefiniéndose la alianza hegemónica del lilisismo, dándole primacía definitiva a los intereses norteamericanos en confrontación a los capitales acreedores europeos, lo que permite la expropiación de una de las funciones estatales más importantes: la recaudación aduanal. Obviamente, este nuevo elelmento modifica el cuadro de la correlación de fuerza en la sociedad política creando dos polos estratégicos de la alianza: el capital norteamericano y las fuerzas “criollas” de la dictadura (el lilisismo).

La dinámica del crecimiento y desarrollo de las fuerzas productivas por el camino capitalista dependiente es reforzado pues, y la alianza hegemónica adquiere un definitivo carácter y naturaleza antinacional, mientras la oposición y resistencia a este modelo no logra superar la vieja lucha caudillista y los atisbos clasistas no pueden generar un amplio movimiento popular. Por un lado, porque la plantación cañera y los ingenios modernos concluyen su reclutamiento de fuerza de trabajo en culturas históricas y nacionales al exterior de la formación social, por un lado, y como unidades productivas no se entrelazan a los movimientos nacionales está todavía inmerso en las relaciones precapitalistas, donde la individualidad del productor impide la extensión de lazos de solidaridad social territorial o de permanencia.

En resumen, al fortalecer la extracción rápida y masiva de exedentes por la vía del modelo agroexportador vigente, fue imposible articular polos nacionales de acumulación, haciendo muy vulnerable a toda la formación social en razón de la agresión cíclica de los precios del mercado mundial y de la política monetaria, compensatoria de la crisis de los ingresos fiscales.

La crisis final de la Dictadura Oligárquica de Ulisis Heureaux abrió la lucha caudillezca, por un lado, como crisis de la dominación política y, por otro lado, creó la exigencia imperialista de mayor control político y económico sobre la formación social dominicana y, específicamente, sobre el proceso en la sociedad política, ahora asediada en su vieja centralidad lilisista por la lucha de los poderes caudillistas regionales reactivados.


IMPERIALISMO, CAUDILLISMO Y DICTADURA
MILITAR YANQUI DE OCUPACIÓN

Esta crisis se desata en el contexto de expansión imperialista en El Caribe, la guerra yanqui en Cuba y la política del “Gran Garrote” que era la garantía de que estos territorios serían el coto cerrado de los monopolios norteamericanos. Obviamente, para los norteamericanos se trataba de asegurar un Estado y una política económica que garantizara su nueva función regional y nacional de eje de las alianzas hegemónicas. El bombardeo de Villa Duarte en 1904 (Parajito, entonces) por los cañones yanquis fue el avance de las imposiciones directas que significaron las Convenciones de 1905 y 1907, como transiciones al orden colonial de la Primera Ocupación Militar de 1916.

La política imperialista era una totalidad de vocación territorial nacional; era una estrategia hegemónica que se alimentaba en la crisis del poder político de la dictadura de clase dominicana, en la medida en que el fraccionamiento político que generaba la reactivación del caudillismo, impedía la conformación de demandas democrático-burguesas avanzadas y, por tanto, la vía de cumplimiento de tareas de esta naturaleza. La sociedad política giraba alrededor de una lucha grupal clasista de naturaleza caudillista, que no podía integrar un proyecto nacional burgués, aunque el fraccionamiento y la posición conservadora de muchos caudillos funcionaba como una prolongación por inercia de la hegemonía norteamericana. Se puede afirmar que las posibilidades de las demandas democrático-burguesas organizadas y sus correspondientes tareas históricas estaban bloqueadas por las formas parciales y fraccionadas de las luchas de clases, lo que explica las funciones del Horacismo y el Jimenismo, en el marco del protectorado consecuencia de las Convenciones firmadas.

Naturalmente, la operatividad del imperialismo en la formación social, buscaba afanosamente, el establecimiento de una nueva y supuesta “vía criolla” que relevara la vieja aspiración del baecismo y el lilisismo, es decir, profundizar el protectorado, la condición dependiente, pero con una alianza que tuviera como mediación visible un régimen “nacional”, y ello explica en la dinámica de nuestra lucha de clases y el contexto internacional, el régimen de Ramón Cáceres (Mon).

La vía capitalista dependiente de Cáceres pretende una liquidación del caudillismo obstáculo de esa vía, lo que explica la línea de tierra arrasada contra el Jimenismo en la Línea Noroeste; vía para garantizar la alianza entre la burguesía monopólica yanqui, los sectores dominantes criollos y parte de la pequeña burguesía urbana con raíces en el Horacismo del cual era proveniente Cáceres.

La modernización de la vía dependiente en el plano militar y político, se expresó en la política productivista y formentalista favorable a los capitales extranjeros y a la burguesía comercial, abarcando la creación de condiciones para polos de acumulación originaria, pero sosteniendo la vía clásica autoritaria propia de los modelos de desarrollo dependiente. Las tareas burguesas cumplidas por los regímenes del Estado Oligárquico Dominicano, se refieren a la desnacionalización progresiva de las fuerzas productivas o a su expropiación, por un lado, y a formas de excepción de la dominación política y, por tanto, son tareas inscritas en la dinámica de la formación social imperialista al través de una alianza hegemónica encabezada por la burguesía extranjera.

Sin embargo, estas alianzas hegemónicas tendrían una durabilidad relativa, porque las contradicciones desarrolladas a partir de su política entreguista y las formas abiertas de la dictadura de clase, abrirían lentamente fisuras en ella, sobre todo por la incapacidad del Estado en crisis para monopolizar el control, la violencia integradora de un proyecto nacional, lo que explica la ejecución de Cáceres y el desmantelamiento de su modelo de dominación a corto plazo.

Se reabre, pues, la crisis de hegemonía dominicana larvada a lo largo de un proceso histórico complejo e ingresamos al último período que agota la ilusión imperialista de normalizar el país por la vía de un proyecto “criollo” en el contexto de expansión del imperialismo yanqui.

En efecto, el corto período que va desde la muerte de Cáceres (1911) a la Ocupación Militar (1916) se caracteriza fundamentalmente por la lucha entre los remanentes del centralismo cacerista y el caudillismo tradicional, con el interín que significó el llamado a elecciones de Bordas, por demás con resultados fraudulentos, lo que sin lugar a dudas profundizó la ilegitimidad del orden centralizado y, por tanto, la generalización de la insurrección de los caudillos. Lo que impidió, desde ese momento en adelante, el establecimiento de una alianza hegemónica del poder central, los diversos núcleos burgueses criollos y extranjeros, los poderes caudillistas y el equilibrio entre expansión capitalista y predominio precapitalista. Ello a pesar de que el estallido de la Primera Guerra Mundial produjo un impacto favorable en los precios de los productos de importación y la expansión del sector azucarero moderno se hacía sobre la base de importantes inversiones norteamericanas.

Pero, al no poderse estabilizar la alianza mencionada, el imperialismo decide sustituir el deteriorado Estado Oligárquico por una dictadura militar de ocupación cimentada en sus fuerzas armadas, con la finalidad a corto plazo de limpiar los obstáculos históricos para la centralización del poder burgués y garantizar la plena expansión de un capitalismo dependiente agroexportador.

En efecto, la Primera Ocupación Militar Norteamericana (1916), se constituye en el proceso clave de organizaicón del Estado Neocolonial moderno, al través de la instauración del poder político militar del ocupante, punto de partida para la reconstrucción estatal. Se establece, pues, lo que podríamos llamar el “vínculo histórico” entre el estado imperialista y el estado “nacional” organizado a partir de la ocupación militar y su administración colonial.

Ello explica el reordenamiento histórico de las tareas democrático-burguesas avanzadas, en la medida en que la ocupación profundiza la vía dependiente de carácter productivista, acelerando los procesos de acumulación originaria (violencia anticampesina) y de autoritarismo urbano que enfrenta sectores de la pequeña burguesía y la burguesía. La ocupación colonial activa la política armada en el Este y la Línea Noroeste, fundamentalmente, dándole un sesgo socio-económico a la acción antiyanqui por un lado y, por el otro,
la movilización cívica urbana del movimiento nacionalista que retoma la radicalidad Duartista y del ala progresista restauradora, al levantar la consigna de la Pura y Simple.

Sin embargo, la capacidad hegemónica de la burguesía imperialista a través de su control territorial y de alianzas con los grupos anexionistas, así como por las limitaciones estratégicas del movimiento campesino guerrillero y del movimiento nacionalista urbano, determinan, que a pesar de las luchas de masas y del abandono del ocupante, la evacuación y sus condiciones sean claves para el reordenamiento estratégico del estado dominicano a mediano y largo plazo. Por ello, las tareas democrático-burguesas del sector avanzado nacionalista quedan sin posibilidades de concreción por la naturaleza desigual y de diversos planos, de la confrontación antiyanqui.

La ocupación militar, como decíamos, cumple tareas burguesas coloniales a corto y mediano plazo, y neocoloniales a largo plazo, aunque todavía la articulación de un modelo “criollo” de dominación política no se concretizaba con perspectivas de asentamiento hegemónico. Ello explica la crisis política del régimen horacista, en el contexto de la crisis capitalista mundial de 1929 y de las propias contradicciones de Horacio Vásquez al interior de los grupos políticos oficialistas.


LA DICTADURA TRUJILLISTA

La forma de la dictadura trujillista es un resultado histórico en el cual concurren el cumplimiento de una diversidad de tareas necesarias a una alianza hegemónica de un nuevo proyecto “criollo”. En efecto, la columna vertebral se estableció en las fuerzas armadas organizadas por el ocupante norteamericano, lo que significa una alianza original entre el grupo burocrático trujillista y la burguesía norteamericana como momento integrador de la futura alianza hegemónica.

Naturalmente, la grave crisis estructural, agudizada por la coyuntura de 1929 y, posteriormente, por factores catastróficos naturales (huracán San Zenón), así como la naturaleza militar-autonómica del trujillismo, concedieron a éste una potencialidad de organizar centralizadamente el poder armado para la reconstrucción económica, fundamentalmente a través del proceso monopólico apoyado en ciclos profundos de acumulación originaria.

Lo importante a señalar es la rápida capacidad de las fuerzas trujillistas para asumir tareas burguesas en los diversos planos del orden social, fortaleciendo la sociedad política, haciéndola crecientemente compleja y centralizada y, también, articulando respuestas de masas en la sociedad civil a través de procesos de hegemonización. Básicamente y, en este aspecto, no solo se combina el terror, la organización selectiva de la violencia, o masiva al responder a procesos económicos concentradores, sino, además, en la elaboración de una plataforma nacional burguesa.

Esa plataforma hegemónica se planteaba supuestamente la “dominicanización de la estructura” social y del “destino histórico”, a partir de una reformulación de la interpretación del proceso histórico nacional, donde se produce un desplazamiento conciente de las raíces de la cuestión nacional como confrontación entre dos nacionalidades periféricas, la haitiana y dominicana, con exclusión total del fenómeno del imperialismo y la dominación colonial.

Esa “captura” del ethos nacional supuso una articulación del discurso burgués trujillista a partir de una combinación de elementos que expresaban las limitaciones del capitalismo monopólico trujillisa, en una formación con fuertes rasgos precapitalistas. Ello permitió una gran alianza con la burguesía imperialista, la burguesía tradicional, la burguesía trujillista en gestación, sectores importantes de la pequeña burguesía y amplias capas del campesinado parcelario.

Esta dictadura burguesa, pues, se sostuvo fundamentalmente, por la combinación del terror y la política armada, con formas altamente sofisticadas de dominación ideológica y participación en la sociedad civil, que significaron una presencia cotidiana de la dictadura en la vida personal y familiar de los dominicanos. Incluso, en términos clasistas, la dictadura trujillista subordinó la burguesía tradicional, privatizando su práctica social-política y las capas trabajadoras y pequeño burguesas urbanas, les arrancó a una, sus posibilidades de articular luchas de masas y a la otra, la arrinconó en proyectos militaristas sin base orgánica en la sociedad civil o en conspiraciones políticas sin raíces de masas.

Obviamente, la estabilidad de esta forma de dictadura neocolonial estaba centrada en la creación de ejes de acumulación y en una distribución relativa de los exedentes al través de una política hegemónica que combinaba formas clientelistas con una cultura de la subalternidad de las masas. Pero, si bien la armonía sociedad política-sociedad civil garantizaba un orden brutalmente lógico a la estabilidad de la dictadura burguesa, el equilibrio interno de los factores de poder real estaba reducido a la jefatura verticalista del modelo trujillista de ejercicio del poder. Era una dictadura de equilibrio catastrófico, basamentada en una alianza hegemónica dispuesta en un orden piramidal y, por tanto, con debilidades que aflorarían tarde o temprano en la crisis histórica y orgánica de esta forma “criolla” de la dictadura burguesa.



LA CRISIS HISTÓRICA DE LA DICTADURA TRUJILLISTA

Podemos afirmar que la crisis de la dictadura fue una crisis histórica donde confluyen las raíces estructurales de ella con los factores de tipo coyuntural, en los cuales, las luchas de clase en la alianza hegemónica determinarían un debilitamiento y una ruptura del equilibrio catastrófico, básicamente girando alrededor de las contradicciones entre la burguesía trujillista, la burguesía tradicional y la burguesía imperialista.

Si bien la problemática estructural arranca de la debilidad intrínseca de una economía exportadora vinculada al mercado mundial, es de vital importanica analizar por lo menos algunos elementos coyunturales que catalizan la crisis orgánica de la forma trujillista de dictadura. Por ejemplo:

Deterioro de los términos de intercambio que significaron alrededor de 35 a 40 millones de dólares.
Disminución de las tasas de inversión, como por ejemplo, el gasto en construcciones descendió de 90 millones a 44 millones de pesos de 1958 a 1960.
Fuga de capitales para proteger beneficios del núcleo trujillista central de alrededor de 250 millones de dólares.
Incremento del gasto no reproductivo, sobre todo armas entre los años 1958 a 1961 que ascendió a 138. 8 millones de pesos.
Incremento de la presión impositiva en alrededor de 50 millones.

Estos datos demuestran el conjunto de factores que contribuyeron a abrir una fase recesiva en la economía, por un lado, y a crear problemas efectivos en la alianza dominante, problemas que se agravaron progresivamente al desarrollarse factores políticos que profundizaron la crisis de hegemonía de la dictadura trujillista.

Estos factores fueron los siguientes:

Revisión de la política exterior norteamericana a raíz de la victoria electoral de John Kennedy frente a la crisis de las dictaduras del área caribeña, el ascenso de la revolución cubana al poder y el temor de una crisis fuera de control en la sociedad Dominicana. La burguesía imperialista entraba en una nueva fase de adecuación de la política de su estado, donde combinaría la plataforma reformisa de la “Alianza para el Progreso” con la estrategia de defensa basada en la Guerra Contrainsurgente, lo que implicaba exigencias de “modernización” y “democratización”.
Confrontación con la Iglesia Católica, donde confluían expresiones ideológicas de la burguesía tradicional y exigencias del aggiornamiento que desde el Vaticano impulsaba Juan XXIII, así como la discreta incorporación de laicos y religiosos a los movimientos conspirativos de la pequeña burguesía urbana. Es de importanica precisar la repercusión en la hegemonía ideológica del trujillismo de esta relativa ruptura con una institución jerárquica que había jugado un papel importante en la plataforma moral e intelectual trujillista.
Apertura de fisuras en la sociedad civil luego de las acciones armadas de Constanza, Maimón y Estero Hondo, en la medida en que se crean los primeros gérmenes estables de organizaciones polítcas clandestinas con participación de pequeña burguesía urbana, elementos de la burguesía tradicional y participantes de sectores populares, también urbanos, tal es el caso del
Movimiento Clandestino 14 de Junio. Este movimiento, heterogéneo, combinaba ideas liberales, pequeño burguesas avanzadas y atisbos marxistas, planteando como continuación de la plataforma de la Raza Inmortal Catorcista, el cumplimiento de tareas democrático-burguesas avanzadas en lo político, económico y social.
Pérdida de terreno de los mecanismos hegemónicos participacionistas de la dictadura, como por ejemplo, su organización política y distintos frentes institucionales, lo que le restó base de apoyo en la sociedad civil y comenzó el lento proceso de aislamiento de la estrategia de la dictadura, fenómeno que abarcó no solo el interior de la sociedad sino también las relaciones de la dictadura en el área caribeña. En este aspecto es de relevancia señalar que la política de la dictadura fue torpe, en algunos casos, lo que acentuó la pérdida de hegemonía, tal es el caso del atentado a Rómulo Betancourt y el enfrentamiento directo con la Iglesia Católica.
Lento ingreso a la actividad política de la burguesía tradicional, ya fuera por mediación de las actividades de la pequeña burguesía urbana o al través de conspiraciones cerradas destinadas a preparar el relevo a la crisis de la dictadura, lo que auguraba el reto por el control estatal y por una redefinición del monopolio de la vía trujillista.
En este contexto, y aunque hizo esfuerzos inauditos, la condición pasiva del campesinado, tradicional fuerza de apoyo del proyecto trujillista, que si bien no irrumpió socialmente en la primera fase, no distrajo o dispersó a las fuerzas del orden en su control territorial urbano.

A pesar de este contexto de debilitamiento, los proyectos opositores en gestación se movían dentro de una contradicción interburguesa que abarcaba la fracción trujillista, la burguesía tradicional y la burguesía imperialista y, aunque en su composición heterogénea, y sobre todo en las diversas mediaciones polítcas, se ampliara por momentos su radicalidad al través de la oposición creciente entre sociedad política y sociedad civil. Esta oposición se manifestó o expresó en la oposición religiosa, la oposición democrático-burguesa urbana, la oposición burguesa tradicional, el decantamiento de los núcleos trujillistas (alas militaristas y negociadora), oposición imperialista (política y de seguridad), pero como habíamos dicho, en el contexto de la lucha burguesa de sucesión.

Ante esa creciente ruptura de la alianza hegemónica, el esquema centralizado del ejercicio del poder por la jefatura trujillista, generó una dinámica de exclusión de las alianzas, reducción de su base popular y, por tanto, la posibilidad de un proyecto de superación de algunos elementos coyunturales. El autoritarismo de la dictadura y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la política marginal, fueorn los ejes de condena de esa posibilidad histórica de redefinición de la dictadura trujillista, lo que demuestra además, que los cuadros políticos e intelectuales de la dictadura tenían la limitación propia de una estructura cesárea del poder, la disciplina, la lealtad y el equilibrio del proyecto de la jefatura excátedra, por lo menos para esa cuestión (su reformulación).

Esta situación permitió a la burguesía tradicional y a la burguesía imperialista viabilizar el proyecto de ajusticiamiento de Rafael L. Trujillo concientes del carácter catastrófico del régimen, y la posibilidad de rearticular una alianza hegemónica que integrará una parte de la burguesía trujillista, la burguesía tradicional, la burguesía imperialista y sectores importantes de la pequeña burguesía urbana.


CLASES Y CRISIS AL 1961:

El ajusticiamiento de Trujillo no era parte de un proyecto de cumplimiento de tareas democrático-burguesas, al estilo de la plataforma catorcista en ninguna de sus dos versiones señaladas, sino un relevo político-militar que redefiniera el pacto de la alianza hegemónica, razón por la que se abre rápidamente un ascendente proceso de crisis hegemónica, en la medida en que ninguna de las fracciones puede imponer al resto de la plataforma de sucesión.

En primer lugar, la fracción cívico-militar trujillista pierde terreno en la sociedad política, porque de entrada, comienza a dividirse y, por ende, la dinámica concentradora del poder del Jefe de la dictadura se pierde, sosteniéndose crecientemente en el poder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, estas últimas cuestionadas y con una crisis interna incubándose.

La burguesía tradicional en ascenso creciente y en transición o constituirse en centro de una alianza hegemónica, aunque con serias dificultades operativas en razón de que sus mediaciones políticas (por ejemplo, Unión Cívica Nacional) traducen la debilidad propia de una clase sin ejercicio político sistemático, contentiva además de contradicciones en su seno que abarcaban desde el predominio de posiciones conservadoras hasta atibos de lineamientos “socialdemócratas”.

La burguesía imperialista en ofensiva política, situándose como la gran organizadora criolla de la transición post-trujillista, y por tanto eje hegemónico en alianza con la burguesía tradicional, transición “pacífica” adscrita a un esquema regional anticubano y anticomunista, lo que significaba tratar de relevar a corto plazo de jefatura trujillista en el corazón de las fuerzas militares.

La pequeña burguesía urbana orientada, en sectores importantes, hacia las políticas democrático-burguesas del catorcismo en su progresiva inclinación de radicalización; sus demás sectores inclinados a variantes conservadoras o de derechas como la Unión Cívica Nacional (UCN) y el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) posteriormente. Pero es importante señalar que, la emersión de la pequeña burguesía catorcista en esta transición planteó de manera progresiva las demandas democrático-burguesas en un contexto de creciente confrontación con la política norteamericana en la transición, dándole una
combatividad callejera que antes no se había expresado de manera tan relativamente masiva. Anque debemos reconocer las limitaciones ideológicas y teóricas del catorcismo, producto en gran medida, de la época en que se desarrolló su genética y su tradición constitutiva.

Por último, la movilización popular de trabajadores, chiriperos y campesinos fue subalterna, en todo caso, a las fuerzas burguesas y pequeño burguesas enfrentadas, siendo de mayor participación los trabajadores y las masas urbanas, y el campesinado en forma pasiva, aunque incorporado a las acciones de recuperación de bienes del sector agropecuario trujillista.

De esta visión general se puede extraer claramente el cuadro de limitaciones históricas de clases y capas enfrentadas. Por un lado, la burguesía tradicional, como dijimos, con graves limitaciones para desarrollar sus mediaciones políticas y sus fracciones importadora, comercial y agraria sin posibilidades a corto plazo para transformar sus bases materiales a una vía productiva capitalista a escala nacional, que es lo mismo que ampliar sus bases hegemónicas.

La burguesía trujillista aislada, crecientemente limitada y perdiendo terreno, incluso en sus ejes de acumulación, imposibilitada de reproducirse, lo que se refleja en la pérdida de los instrumentos de participación en la sociedad civil.

Por otro lado, la burguesía imperialista, con la necesidad urgente de encontrar una vía “criolla” que relevara el trujillismo en un contexto neocolonial de “contrainsurgencia modernizante”, lo que significaba readecuar los aparatos militares, de seguridad y activar una política productivista y fomentalista que ampliara la base social del nuevo proyecto hegemónico en ciernes.

La clase trabajadora, reducida en sus potencialidades por el peso histórico del trujillismo y la reciente iniciación de actividades sindicales y de autodefensa, bajo la dirección de núcleos obreristas burgueses, lo que le impedía colocar un elemento de calidad clasista que creara un polo no burgués en la transición post-trujillista.

La pequeña burguesía emergente como fuerza social militante de las diversas fuerzas enfrentadas, mediadora en muchos casos al través de las fuerzas políticas organizadas y presta a jugar un papel relevante en el uso del Estado para los diversos proyectos.


CLASES, CRISIS Y FORMAS DE LUCHA

En este contexto es importante ver como opera la relación entre la crisis política, las clases y las formas de lucha, a fines de incorporar algunos elementos a las lecciones que dá la historia.

Por ejemplo, la burguesía tradicional centró sus formas en la presión para la negociación política con la finalidad de lograr una recomposición de las alianzas y desplazar la burguesía burocrática trujillista en una transición “pacífica” sin desbordes de masas, para lo cual recurrió, incluso, a la huelga general bajo su dirección y control.

La burguesía burocrática trujillista combinó la represión con la negociación para alcanzar una transición que le permitiera reinsertarse en el proceso de nuevas alianzas, aunque su pérdida de legitimidad política y su aislamiento en la sociedad política la condenaba a un desplazamiento en su condición de eje político criollo. Había una cierta simbiosis de destino a corto plazo entre la burocracia trujillista en la transición y las fuerzas militares como aparatos estatales, en cuanto una quiebra de la columna vertebral suponía un desborde del esquema de transición bajo control norteamericano, razón por la que el balaguerismo pudo prolongar su función transicional.

Por otro lado, la burguesía imperialista forazaba la negociación entre las fracciones criollas de la clase dominante aspirando a recomponer la alianza hegemónica con participación de esas fracciones, asumiendo ella la función arbitral de la alianza y preparando el rediseño del estado neocolonial en crisis a partir de los esquemas contra-insurgentes.

La pequeña burguesía estaba fraccionada y en su función creciente de clase política mediadora, osciló, según su procedencia, en variantes que van desde participante en el esquema negociador imperialista, hasta los primeros pasos en materia insurreccional o golpista. Señaladamente, debe afirmarse su participación en todo
el sistema de presión callejera urbana sobre la sociedad política, así como también organizadora de importantes niveles de participación en la sociedad civil, a nivel de gremios, sindicatos y otras organizaciones de masas.

La clase trabajadora ingresa en un proceso de crear organizaciones de clase muy limitadas, encabezadas como dijimos, por una burocracia conservadora amparada, básicamente, en las políticas de la burguesía tradicional. El movimiento popular comenzaba a tener sus primeras expresiones, iniciándose la lucha en su seno y abarcando los sectores mencionados, más la izquierda en gestación y el populismo perredeísta en proceso de inserción social y política.


PROYECTOS DE ALIANZA HEGEMÓNICA

Es importante precisar los dos grandes intentos de alianza hegemónica a lo largo de la segunda mitad del 1961 y la forma en que se estructura la transición política al post-trujillismo.

En primer lugar, una alianza excluyente de la burguesía trujillista que integraría la burguesía tradicional, la pequeña burguesía, trabajadores y sectores urbanos empobrecidos, con hegemonía de la burguesía imperialista.

En segundo lugar, una alianza excluyente, pero de participación indirecta de la burguesía tradicional que integraría la burguesía y burocracia trujillista, sectores de la pequeña burguesía y capas populares urbanas, así como el campesinado parcelario, teniendo como eje también, la burguesía imperialista con un mayor margen de maniobra de la burocracia trujillista del grupo balaguerista.

Naturalmente, el imperialismo, que se sabía lo difícil de las alianzas excluyentes o de baja participación, buscó afanosamente la alianza amplia, o por lo menos, una transición que comprometiera la salida del eje balaguerista-trujillista sin ruptura para el relevo de la burguesía tradicional. Y en cierta medida se puede afirmar que se dio una alianza hegemónica fáctica para garantizar, cuando menos, ese proceso, lo que no quiere decir que dicho proceso se diera a lo largo de un gran forcejeo interburgués bajo supervisión imperialista. Ello explica la composición del primer Consejo de Estado encabezado por el Dr. Joaquín Balaguer, así como el resultado de la composición del segundo.

No nos debe engañar o desviar el uso del Golpe de Estado entre las fracciones burguesas y burocráticas, porque de todas formas no se produjo una ruptura, sino una variación en la composición del bloque dominante, por un lado, bajo continuidad de las fuerzas militares y la presión de la burguesía imperialista.

Se producen variaciones en las formas de dictadura de transición, abriéndose algunos espacios democráticos resultado de la lucha interburguesa, en primer lugar, y de las luchas de masas subalternas a las primeras.

Esto explica la constitución y viabilidad del Segundo Consejo de Estado y debe considerarse como la resolución coyuntural de contradicciones interburguesas y la no ejecución de tareas democrático-burguesas.


EL CONSEJO DE ESTADO

Este subperíodo puede caracterizarse como una fase en el que la burguesía tradicional trata de asumir la dirección estatal y recuperar rápidamente el déficit clasista acumulado, desarticulando el capitalismo de estado herencia de la estatización de los bienes trujillistas. Sin embargo, la relativa eclosión de la sociedad civil y el real debilitamiento de la sociedad política, señaladamente las limitaciones de las fuerzas militares y de seguridad, impedían que el proyecto contara con la necesaria carga de violencia material y hegemonía moral y política para su ejecución. Esta frustración histórica, desarticuló la potencialidad de un proyecto estratégico burgués y contribuyó a que la fracción tradicional siguiera el curso de un comportamiento “espontáneo” al no apropiarse de los recuros estatales.

A pesar de ello, el Consejo de Estado pudo desarrollar una política económica y de seguridad que fortaleció, relativamente la burguesía tradicional. Por ejemplo:

Propició un crecimiento del 38.7% de las importaciones anualmente, de 90.3 millones a 202.4 millones.
Abandonó el proteccionismo industrial del modelo trujillista.
Ampliación del contrabando.
Crecimiento subordinado al capital extranjero (South Porto Rico Sugar Co., Grenada, Compañía de Teléfonos, Esso, Chase y First).
Implementación de la política contrainsurgente con la firma del acuerdo militar con el imperialismo que permitió el ingreso del MAAG y la asesoría de seguridad para la Policía Nacional.
Incremento de la deuda externa y de la subordinación a la “ayuda” norteamericana, de tal forma que, entre 1961 a 1965 (Triunvirato), la deuda ascendió de 11 millones (deuda al FMI) hasa 150 millones de dólares.

Toda esta política, aunada a la incapacidad para hacer productivo al capitalismo en el sector agropecuario, contribuyó decididamente al encarecimiento de la vida, a partir de lo cual se activa la lucha de la sociedad civil por al vía de huelgas, movilizaciones sectoriales importantes, debilitando la posibilidad de integrar una gran alianza hegemónica alrededor de la burguesía tradicional.

Esto explica en gran medida el crecimiento de la fuerza popular electoral del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) encabezado por Juan Bosch, en la medida en que la debilidad de los grupos cívico-milites de origen trujillista y el descrédito de la política del Consejo de Estado y por vía directa, la debilidad de masas de Unión Cívica Nacional, crea la fisura necesaria para que la política del populismo boschista se cuele coyunturalmente entre las dos fuerzas de clase mencionadas. Naturalmente, además de esta situación contribuye a la alternativa electoral perredeísta, la incapacidad del Catorcismo para constituirse en un fenómeno permanente de masas en la sociedad civil, lo mismo que las limitaciones históricas del Partido Socialista Popular y el Movimiento Popular Dominicano.

Es importante hacer algunas precisiones en torno a las potencialidades de cada una de estas tres fuerzas. En primer lugar, todavía el Catorcismo no terminaba de cuajar como fuerza de izquierda y, sobre todo, sus esquemas teóricos e ideológicos eran muy simples y respondían a realidades subjetivas de la teoría clásica, aunque era la organización de mayor tradición nacional y el relevo de la plataforma democrática burguesa avanzada de finales de la década de los cincuenta. Pero también, se incubaba en su seno la heroicidad de la política armada de una minoría al margen de una política de masas contrahegemónica, que hubiera sido limitante de la plataforma populista del perredeísmo. Por otro lado, el PSP asumía esquemas importados marxista-leninistas-estalinistas anclados en la década del cuarenta y expresando la cultura política comunista tradicional, lo que le impedía una inserción orgánica y de masas en el movimiento real. El emepedismo, en una fase de transición del viejo democratismo del exilio al populismo de rasgos marxistas, aparecía como una fuerza al exterior del proceso concreto.

Por la vía del perredeísmo populista y la estrategia bochista, se cuelan las demandas democrático-burguesas de las masas, no tan solo en el nivel político, sino además en los planos clasistas, en la medida en que el discurso burgués populista del boschismo, imbuído del practicismo que se alimenta en la ideología hostosiana, aflora la problemática clasista bajo una táctica electoral. De esa forma, buscaba, fundamentalmente, activar la sociedad civil frente a la sociedad política de la burguesía tradicional, atraer las fuerzas la burguesía de origen trujillista y darle una base de masas a su política electoral, obligando a corto y mediano plazo a diversas alianzas políticas.

Pero, naturalmente, el perredeísmo no era un proyecto orgánico a la burguesía, en ninguna de sus fracciones, aunque como fuerza predominante pequeño burguesa sustentara una plataforma burguesa criolla bajo el discurso de la “revolución democrática” del boschismo. A corto plazo, la política electoral del perredeísmo dio resultados y, efectivamente, decretó su victoria electoral, colándose al través de la crisis del poder burgués post-trujillista e impulsado en el contexto de la plataforma reformista de la “Alianza para el Progreso”. Que si bien no era similar al discurso boschista de la “revolución democrática”, era una exigencia de “modernización”, de cumplimiento de nuevas tareas burguesas en el marco del estado neocolonial en crisis. Por ello se puede afirmar, que tarde o temprano, la victoria boschista era un llamado a la guerra civil, pues las diferencias de las tareas burguesas aliancistas tocaban el manejo cotidiano del estado colonial y su estrategia regional contrainsurgente.


EL GOBIERNO PERREDEÍSTA

Como decíamos, era obvia la contradicción entre el tipo de régimen surgido de los factores citados y las exigencias de modernización capitalista, sobre todo a partir de la moderada línea de políticas económicas del boschismo, como por ejemplo la Ley de Precio Tope del Azúcar (que afectó a la South Porto Rico y al Consorcio Vicini), el monopolio de las divisas (que afectó al sector importador de la burguesía tradicional), la búsqueda de empréstito con el capital europeo (lo que preocupó de inmediato al capital financiero norteamericano) y, por último, la Constitución de 1963 que prohibía el latifundio y la propiedad de tierra de extranjeros.

Estas líneas de política económica, que no eran ni siquiera reformistas democrático-burguesas, sin embargo, tenían la”virtud” de trastocar el comportamiento de la burguesía tradicional y la burguesía imperialista. Cuando afirmamos que las políticas perredeístas no eran ni tímidamente reformistas democrático-burguesas, nos referimos a su expresión objetiva, cuanto no modificaban las cuotas de los excedentes de la economía dominicana, aunque establecían ciertas regulaciones para garantizar recursos a la autonomía estatal. Sin embargo, en el terreno subjetivo,
la revolución “democrática” constitucional del boschismo operaba como un catalizador de las demandas históricas no cumplidas.

Aún más, y ello es una lección, catalizaba la crisis en la sociedad política, básicamente en el estado, en la medida en que el Poder Ejecutivo actuaba en un proceso de autonomía y distanciamiento de los demás poderes formales, por un lado, y por el otro, contradictoriamente a la función policial sobre la sociedad política de las fuerzas militares y de seguridad. La sociedad política completó su fraccionamiento generalizado, iniciado a partir de 1961.

Por otro lado, la organización de la sociedad civil, para los fines del proyecto boschista, no expresaba los niveles de organización y participación y los intentos realizados en el nivel sindical y campesino respondían a esquemas burocráticos verticalistas e importados, lo que impedía la movilización moral y material de las masas en respaldo al proyecto. Esta situación quebraba aún más las posibilidades de la dictadura burguesa bajo administración boschista, ya que aunque abría espacios democrático-burgueses, el nivel de participación en la sociedad civil, restringía la viabilidad de apertura sostenida de los espacios.

Al contrario, la burguesía tradicional articuló una línea de masas que movilizó fuerzas en la sociedad civil de manera paralela a la movilización militar de sus fuerzas, con el respaldo del esquema contrainsurgente de la asesoría militar norteamericana, ampliando su radio con una alianza táctica con la burocracia cívico-militar de origen trujillista.

Por tanto, al boschismo no poder responder a un proyecto hegemónico burgués de manera orgánica o popular-burgués contrahegemónico frente a la burguesía tradicional, la crisis que abrió en la sociedad política decretó con su dinámica su derrocamiento. El golpe de estado de 1963 fue una alianza en la sociedad política de fuerzas cívico-militares que necesitaban recomponer las fuerzas de dicha sociedad, fundamentalmente en el estado, para hacer coherente a esta con el desarrollo capitalista que reclamaba la dinámica dependiente de la burguesía tradicional y, también, de los monopolios yanquis.

El Poder Ejecutivo, aislado, sin sostenimiento de una alianza y un movimiento de masas, apoyado en un partido electoral, de organismos electorales, no podía sobrevivir a la confrontación violenta en la sociedad política, en el estado, a pesar de las maniobras del mismo a partir de las concepciones verticalistas sobre la jefatura política, el poder como un hecho funcionalista y la lucha política, no como fenómeno de la lucha de clases, sino de un juego de ajedrez de inteligencias superiores.


EL RÉGIMEN DEL TRIUNVIRATO:

Obviamente, las tareas democrático-burguesas por la vía de la reforma constitucional y la “revolución democrática” del boschismo, no eran así viables y el Golpe Militar fue el resultado de la relación del régimen con la sociedad política y la sociedad civil. La estructuración del Gobierno del Triunvirato es el intento, el nuevo intento de la burguesía tradicional, de recomponer el poder estatal para generar un proyecto nacional que la colocara, en alianza con la burguesía yanqui, como eje del desarrollo dependiente.

Como régimen de excepción, el Triunvirato, en sus diversas composiciones, era el resultado de ese esfuerzo que, sin embargo, no respondía a la solidez de una alianza hegemónica. Por ello, se produce una rápida agudización de las luchas en la sociedad política, con el consecuente debilitameinto por la vía de la ruptura entre la burguesía tradicional y la de origen trujillista. A diferencias de esta situación, en la sociedad política, se produce un cierto crecimiento en los niveles de participación en la sociedad civil, activada sobre todo, por la política económica del régimen.

Ejemplo de ello es el déficit acumulado de la balanza de pagos que ascendió a 62 millones; el acuerdo con el FMI para reducir el flujo monetario; incremento de las importaciones a 179 millones y del contrabando, lo que demuestra el asalto del estado por la burguesía tradicional, sobre todo en su fracción importadora. Además, la ayuda imperialista se incrementó y una muestra de ello son los 110 millones entre 1962 y 1965, al través de los diversos mecanismos de la ayuda norteamericana. La relación corporativa de esta fracción con la sociedad política consolida una dictadura burguesa parasitaria, incapaz de implementar una estrategia de reproducción del capitalismo productivo, crecientemente asilada de la sociedad civil por carecer de una base social amplia y una alianza hegemónica.

La acumulación de
huelgas obreras y barriales de tipo insurreccional en el segundo caso, así como movilizaciones estudiantiles y gremiales de otro tipo, hicieron ascendentes las demandas populares democrático-burguesas, tanto en la sociedad política como en la sociedad civil y, en la sociedad política, incluso en la estructura militar. Por otro lado, está la decisión de la burguesía tradicional de acentuar la vía autoritaria de la dictadura en la sociedad política, generalizando la represión de la izquierda, sectores del perredeísmo y el movimiento o las luchas de masas para garantizar una continuidad de la vía extrovertida del capitalismo dominicano.
CLASES, FUERZAS POLÍTICAS Y FORMAS DE LUCHA

En este contexto se perfilan las estrategias y formas de lucha de las diversas clases y fuerzas políticas enfrentadas. Por un lado, la burguesía tradicional con respaldo yanqui, combina la represión y la autodefensa militar, aunque, obviamente, en el terreno militar perdía posiciones por la actitud política de los núcleos militares de origen trujillista. La burguesía tradicional y la burocracia de origen trujillista progresivamente alineada con el balaguerismo, toma el camino de la conspiración militar para, en alianza golpista, imponer una salida negociada que les abriera el camino al mediano plazo. Sectores burgueses subalternos a las dos fracciones mencionadas y encarnados en el planteo boschista, sostuvieron la vía del golpe, también para abrirse camino en una alianza que permitiera la restauración del Gobierno Constitucional de 1963. A esta estrategia en la cúspide de la sociedad política, el perredeísmo estructuró la acción directa en la sociedad civil, al través de pequeños grupos de acción barrial que operaron en las huelgas insurreccionales, para catalizar la presión sobre el régimen y, también, sobre sectores burgueses a los cuales necesitaba en la alianza del corto plazo. En todo caso, la estrategia perredeísta-boschista no era una estrategia de masas, orgánicamente diseñada, para hacer eclosionar las demandas en la sociedad civil como fenómeno colectivo. Las tareas democrático-burguesas eran tareas de “élites” políticas y militares y, por tanto, conservadoras, bajo control jerárquico de la jefatura carismática.

Por último, las capas populares avanzadas y la pequeña burguesía urbana progresista se expresaban en la
vía insurreccional del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio, vía limitada por los fracasos militaristas de 1963 y porque la organización nunca pudo desdoblarse efectivamente en organización político-militar, por un lado y, por el otro, como eje de un proyecto contrahegemónico. El uso del sabotaje, el terrorismo a escala limitada, la formación de bases orgánicas para tareas guerrilleras, así como la activación de luchas de masas en los niveles barriales, sindicales y estudiantiles, fueron las formas diversificadas utilizadas. Sin embargo, la estrategia de la izquierda, a pesar de ciertos intentos de políticas de masas del PSP, no pudo alterar la correlación de fuerzas para el desenlace de la crisis en la sociedad política.

Todas las fuerzas habían escogido la política armada para dirimir sus contradicciones fundamentales en y alrededor de la sociedad política, pero, básicamente, en su corazón: las fuerzas militares y el Ejecutivo centralizado, por lo que, las luchas de clases e interburguesas, de manera particular, explotarían en ese corazón débil, debilitado en la transición post-trujillista que había dejado de ejercer el monopolio total de la violencia.

El punto del estallido es el 24 de Abril de 1965 como Golpe de Estado defensivo en la cúpula militar en función de la estrategia boschista que expresaba una alianza político militar entre el grupo burocrático militar balaguerista-trujillista y los militares “constitucionalistas” y la burguesía minoritaria y subalterna comprometida con la revolución “democrática”. Esta alianza, sobre todo, su elemento motorizador que era la conspiración “constitucionalista”, en la cual los militares constitucionalistas cumplían la función de armar al “partido electoral”, es decir, al PRD o mejor armar la estrategia boschista que no era una demás, no rebasaba el marco de demandas democrático-burguesas en el contexto de la dominación neocolonial, sin ser conciente de lo que ella significaba como elemento de crisis en la sociedad política.


INSURRECCIÓN POPULAR Y DICTADURA MILITAR
DE OCUPACIÓN YANQUI

El cúmulo de demandas populares democrático-burguesas constituían un volumen que desbordaba la estrategia del golpe militar en su relación con la respuesta defensiva de la burguesía tradicional, lo que obliga a las fuerzas civiles y militares que desatan el proceso, a pasar a una situación insurreccional urbana fruto de la coyuntura. Este es el momento clave de la ruptura de la forma burguesa del estado, sostenido por la alianza de la burguesía tradicional y el imperialismo yanqui y, de hecho, se coloca como el clímax de las demandas y tareas democrático-burguesas, concretizándose ellas en el nuevo poder en armas. Sin embargo, las limitaciones para el cumplimiento de ese climax de tareas históricas eran evidentes:

Fue un relevo inesperado, no estratégico de la crisis en la sociedad política, lo que supuso debilidades para transitar de la estrategia golpista a un proceso insurreccional que generara las bases de una guerra revolucionaria para enfrentar el ejército norteamericano de ocupación. Y ello porque en la estrategia original de la conspiración no se comprendía el carácter del golpe en el contexto de la crisis y en el contexto de la política contrainsurgente de Estados Unidos.
Tanto el Golpe como la insurrección no descansaban en un proyecto contrahegemónico de masas, capaz de derrocar el viejo poder neocolonial y darle base de masas a la resistencia antiyanqui.
La política armada prevaleciente se alimentaba en las estrategias de los militares profesionales involucrados, de tipo convencional, o en los cuadros político-militares de izquierda vinculados a concepciones foquistas que les impedían diseñar una estrategia de masificar la política armada (guerra del pueblo), a pesar del armamento de fuerzas políticas civiles.
Heterogeneidad de la “sociedad política constitucionalista”, es decir, del germen de poder alternativo de la insurrección; heterogeneidad bajo conducción burguesa, pero de difícil operacionalidad en el territorio constitucionalista, dado el desnivel de participación de las fuerzas hegemónicas en la conducción política constitucionalista de su “sociedad civil”, y aún más:
la insurrección se focalizó por la estrategia de aislamiento de las tropas de ocupación, en un limitado territorio y no pudo, por la dinámica de sus fuerzas y sus raíces estratégicas, extenderse territorialmente.

La dictadura militar substituye la sociedad política en sus núcleos centrales estableciendo una alianza entre la del imperialismo y la burguesía tradicional, así como en condición subordinada una parte de la burocracia de origen trujillista, siendo el núcleo hegemónico el mando militar yanqui y los funcionarios políticos y de inteligencia, tanto de las tropas como de la Embajada Norteamericana y los órganos estatales enviados. Las “fuerzas criollas” de la alianza cumplían una función de apoyatura para el desarrollo de la estrategia contrainsurgente de la dictadura militar de ocupación que se cumplió de la siguiente manera:

Aislar y limitar militarmente en lo territorial la insurrección;

Asumir la condición de eje de la reestructuración de fuerzas para una nueva sociedad política post-ocupación;

Sentar las bases para profundizar la neocolonización económica, política y militar;

Recomponer la correlación de fuerzas en la dictadura y establecer las bases para una alianza hegemónica que cumpliera las nuevas tareas burguesas dependientes;

Dictar las reglas del juego para
transitar de la dictadura burguesa de ocupación a una dictadura político-militar con mayor participación “criolla”, es decir, vinculación entre tropas-mando político yanqui y gobierno de transición, al través de una relación verticalista de una cúpula reducida;

Sentar las bases, por ello, para el relevo de la transición
fortaleciendo las fuerzas políticas balagueristas, la desnacionalización mayor de la burguesía tradicional y de los aparatos militares y de seguridad, lo que garantizaría la modernización capitalista a largo plazo y, por tanto, la derrota de las fuerzas que podían reorganizar una resistencia al proyecto.

La insurrección popular de Abril y la Ocupación Militar son los dos polos históricos que demuestran, por un lado, las limitaciones del climax de las tareas democrático-burguesas por la vía de una estrategia burguesa y sin ser parte de un proyecto contrahegemónico de control en la sociedad civil, y de estrablecimiento de los gérmenes de la sociedad política del futuro, el poder popular revolucionario. Por otro lado, la ocupación militar demuestra la relación estructural de la sociedad política burguesa con la dictadura del imperialismo a escala mundial y como, en última instancia, el carácter de las tareas democrático-burguesas avanzadas integra la lucha antiimperialista y la lucha anticapitalista, en el marco de una amplia alianza hegemónica que movilice las masas bajo dirección proletaria, es decir, una estrategia de revolución popular socialista.

Y, por tanto,
la necesidad de estar preparados para que cualquier crisis aguda en la sociedad política no sorprenda a las plataformas estratégicas con incapacidades de respuesta a escala territorial.