24 Y 28 DE ABRIL DE 1965
HISTORIA DE LA POLITICA ARMADA
José Antinoe Fiallo Billini
La crisis de la forma burguesa de la dictadura trujillista tuvo su desenlace estratégico en un momento coyuntural caracterizado por el uso de la política armada de parte de un grupo de conspiradores de la burguesía subalterna; grupo de conspiradores que recibió el apoyo de la política estatal norteamericana. En efecto, para analizar el significado y las proyecciones de Abril de 1965 es necesario establecer, desde el punto de vista histórico su genética, construida por la dinámica de un proceso contradictorio que armaría progresivamente las diversas fracciones de la burguesía, la pequeña burguesía y los sectores populares.
LAS ARMAS Y EL ESTADO
La forma burguesa de la dictadura de clase trujillista se caracterizaba por un monopolio absoluto de la violencia material, por un control directo, corporativo, de la fracción trujillista sobre los mandos militares y las direcciones de la seguridad estatal. En tal sentido, los mandos de la seguridad estatal jerarquizados por encima de los mandos de los diversos cuerpos militares, con la finalidad de garantizar un control integral sobre la sociedad política. Por ello, la jefatura carismática y autoritaria de Trujillo estaba enlazada o articulada de manera directa con esos cuerpos, lo que dificultaba la posibilidad de organizar fuerzas conspiradoras efectivas en la sociedad política, sobre todo en capacidad de reproducirse de manera cuantitativa sin riesgos de develamiento.
En tal sentido, la política armada de la oposición burguesa subalterna a la fracción trujillista de la burguesía tomó el camino del pequeño grupo conspirador, con pretensiones ulteriores de, en la crisis del poder central, expandir y organizar un asalto a los poderes armados del Estado, para transformarlos en órganos de la nueva fracción emergente.
El plan de la política armada de la oposición burguesa subalterna con apoyo norteamericano se ejecutó en su primera fase, referida al ataque y liquidación del eje de la dictadura burguesa trujillista, lo que abrió de inmediato un proceso de crisis hegemónica aguda, por el papel que jugaba la cabeza de la dictadura en su equilibrio de fuerzas, en su alianza de clases. El segundo momento del plan no se pudo ejecutar, porque la dinámica expansiva de la conspiración no adquirió organicidad rápida en los mandos militares, pudiendo con ello asumir el control territorial de cuotas del poder político.
Sin embargo, el inicio de la crisis final de la dictadura burguesa de forma trujillista significó, en un mismo movimiento histórico, la disolución progresiva de la alianza hegemónica encabezada por la fracción burguesa trujillista en la sociedad política, una reactivación de la autonomía de la sociedad civil, y en términos globales, un fraccionamiento de las fuerzas sociales en los aparatos estatales, sea en las fuerzas militares y policiales y, en el caso de las fuerzas de seguridad, su crisis de colapso más significativa.
CRISIS DE LOS RECURSOS ARMADOS DEL ESTADO
En efecto, las luchas de clases entre las fracciones burguesas, la pequeña burguesía y el emergente movimiento popular comenzaron a atravesar los aparatos armados del estado, hoy ya sin la cohesión y organicidad que le imprimía la dictadura trujillista. Por un lado, la sucesión trujillista se perfiló por la vía del clan familiar de manera corporativa, y por el otro, por la vía de la burguesía de los funcionarios civiles agrupados alrededor del doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo, esta crisis en la división del trabajo de las fracciones burguesas en sucesión dentro del esquema de transición trujillista, se vio decantada, por cuanto el clan corporativo familiar encabezado por Ramfis Trujillo se desplomó al no reunir la capacidad hegemónica, estratégica y organizativa, para la sucesión.
Sin embargo, Joaquín Balaguer, pudo en cierta medida recomponer una alianza encabezada por la burguesía de los funcionarios (cuadros políticos civiles trujillistas) y estamentos militares de sucesión en el escalafón del clan corporativo familiar militar, en el contexto de una “transición” pacífica y “sin ruptura”, que garantizara una recomposición del poder burgués.
Por otro lado, las fracciones de la burguesía tradicional comenzaban su trabajo de reclutamiento de cuadros militares para que la sucesión política del trujillismo se realizara al través de un copamiento corporativo del poder estatal, previa una cierta depuración de cuadros militares adscritos a la plataforma trujillista o al esquema de sucesión del balaguerismo en formación.
En ese contexto de lucha y por tanto de crisis aguda y peligrosa del estado capitalista, la burguesía norteamericana y su estado imperialista, al través de sus “planes de contingencia” para la Región del Caribe, habían elaborado el más acabado plan estratégico de una política armada al interior de la sociedad dominicana, estableciendo como elemento fundamental del mismo la ocupación militar del país y el establecimiento de una dictadura norteamericana contrainsurgente de acuerdo a la política de John F. Kennedy para la región, repito.
Este plan estratégico, que luego se ejecutaría en 1965, tenía como polo de confrontación estratégico la organización del plan de guerra revolucionario del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio (1J4) a partir de la estructuración del aparato político militar que se conoce con el nombre de la “infraestructura” catorcista. Era la política armada de la pequeña burguesía revolucionaria, que, a partir de un programa democrático-burgués avanzado, entendía que la cuestión fundamental era alcanzar la liberación nacional y proceder a realizar, desde el poder revolucionario en armas, transformaciones históricas que permitieran el avance sociopolítico nacional y popular.
En este espacio nacional clasista de confrontación, comienza a tejerse además una estrategia, que en el marco de las contradicciones interburguesas, sería la plataforma de la confrontación bajo control del boschismo, como plataforma burguesa reformista que se movía en una alianza implícita entre la política estatal norteamericana y la fracción burguesa cívico-militar trujillista, dándole espacio a las demandas democrático-burguesas de las masas.
LA CONFLUENCIA DE LOS FUEGOS DE LAS ARMAS
En el centro de la confrontación progresiva estaba la necesidad de no deteriorar el estado para la reformulación de la sociedad post-trujillista y para lo cual se tenía que recomponer la cúpula de sucesión cívico-militar, tratando de mantener la lucha social en el contexto y el espacio interburgués. Ese intento fue realizado tanto por la burguesía extranjera y su estado norteamericano, por la burguesía tradicional, la burguesía de los funcionarios trujillistas y por el planteamiento reformista del boschismo-PRD. Sin embargo, y aunque esos intentos pretendían en cada caso alianzas donde cada fracción o proyecto se pretendía hegemónico, el cúmulo de demandas históricas aplazadas y la desmonopolización de la coerción material en la sociedad creaban las condiciones para la confluencia del fuego de las políticas armadas.
La burguesía extranjera y la burguesía tradicional, con el copamiento corporativo del Estado por la vía del Consejo de Estado en 1962, pretendieron organizar un momento o coyuntura electoral que le diera capacidad hegemónica en la sociedad, pero, la propia crisis interburguesa y la capacidad táctica del boschismo de movilizarse electoralmente en la sociedad civil hicieron posible que esto se colase como una alternativa burguesa popular.
Las limitaciones fundamentales del boschismo se referían a que no estaba articulado orgánicamente a ninguna de las fracciones fundamentales de la burguesía dominicana, y a que, su función o papel en el esquema de la burguesía extranjera y su estado (“reformas” de la Alianza para el Progreso), se daban en un contexto de contrainsurgencia y remodelación de la política de seguridad y defensa del imperialismo yanqui. En suma, que, los elementos de la “revolución desde arriba” del boschismo se referían a demandas democrático-burguesas en una estrategia anticomunista y que se sostenía en una base organizativa electoral sin recursos de armar su política.
No es casual, pues, que el Golpe de Estado de septiembre de 1963, fuera un recurso de la política armada de la burguesía tradicional, con la inhibición o apoyo de los cuadros militares de la burguesía de los funcionarios balagueristas, y que el boschismo no pudiera dar una respuesta armada. Aunque estaba en vías de articular una política armada, esta era, una combinación de la clásica conspiración intracuartelaria preventiva, y una concepción de vinculación del líder carismático con los aparatos estatales en la cual el protagonismo popular era de apoyatura a la acción de las élites cívico militares.
La coyuntura del golpe militar liquida la mitificación en relación a la legitimación del poder por su base electoral y la forma de la dictadura de clase del boschismo, caracterizada por una cierta apertura de los espacios democráticos de la dominación, es sustituída por una forma de excepción donde se pretende unificar el poder político militar para el afianzamiento de la burguesía tradicional y la burguesía extranjera.
La primera respuesta a la reformulación del dominio de clase vino de la pequeña burguesía y su política armada del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio, el cual, a raíz del Golpe había reactivado su Plan de Guerra, a partir de varios núcleos guerrilleros insurrecciónales con apoyo urbano, levantando las banderas más avanzadas de las demandas democrático-burguesas de las masas populares.
En todo caso, la política armada del catorcismo se planteaba una cierta guerra de posiciones frente al ejército regular, en cuanto, aunque esta parte de un esquema guerrillero en su relación a la sociedad civil y los niveles de organización de las masas no había forma en que la política armada fuera una expresión de una política de masas contrahegemónica y popular. No es pues casual, que, la burguesía extranjera y criolla y su política armada contrainsurgente, derrotaran militarmente al catorcismo en armas a finales del año 1963.
EN EL CORAZON DEL ESTADO BURGUES SUENAN LAS ARMAS
Esta derrota militar, precursora de la insurrección cívico-militar de Abril de 1965, abrió el camino para que las demandas democrático-burguesas se abrieran paso en el seno, en el corazón del estado burgués y su dictadura en la estrecha vereda de las contradicciones interburguesas, a partir de la desastrosa política económica del régimen del Triunvirato encabezado por Donald Joseph Reid Cabral.
Cada fuerza política comienza un realineamiento de sus recursos y una organización de sus políticas armadas para tratar de concluir o definir la sucesión post-trujillista.
Por un lado, la fracción de extracción trujillista y canalizada por el balaguerismo comienza a tomar cuerpo organizativo en los planos político y militar y a plantearse la vía del Golpe de Estado y la negociación intramilitar para desplazar al grupo de la burguesía tradicional en el Triunvirato. El Golpe de Estado será la vía seleccionada para reestructurar la dirección política del Estado por la vía cívico-militar, tratando este sector de que las demandas democrático-burguesas no desbordaran la plataforma balaguerista, de forma tal que los elementos autoritarios necesarios a ese esquema no fueran neutralizados o impedidos en su desarrollo.
La burguesía tradicional, con la protección de la burguesía extranjera y su estado norteamericano, por la vía de la asesoría militar yanqui del MAAG, trataba de sostener una estrategia defensiva en las fuerzas armadas y policiales, combinando la prebenda y el clientelismo en la cúpula de los mandos con el mantenimiento de una estrategia represiva contrainsurgente para la izquierda, excluyendo el balaguerismo y el boschismo en la sociedad política, tratando de que éstos se dirigieran a una coyuntura electoral negociada bajo control y como momento de fuerza de esta fracción.
En la periferia de toda esta confrontación en el corazón del Estado se daba el crecimiento en la sociedad civil de formas violentas, en algunos para-militares, de la autodefensa popular, como vía de expresión de las demandas democrático-burguesa populares, contenidas por las estrategias no participativas de los diversos proyectos burgueses, aunque en algunos casos fueran estimuladas por el boschismo como complemento de la conspiración militar.
El perredeísmo jugaba, fundamentalmente, a armar su política por la vía de incorporar militares profesionales al esquema conspirativo, porque sostenía en lo fundamental era la “revolución democrática desde arriba”, ahora, a partir de un Golpe Militar en la cúpula que repusiera el Poder Ejecutivo del 63 con sus atributos constitucionales, pero sin que esta estrategia desbordara las fuerzas armadas profesionales regulares. En ese sentido, la estrategia de armar la política boschista residía en respetar la “división del trabajo” en materia de monopolio de la violencia estatal, buscándose fundamentalmente sustituir los mandos altos por “leales” militares a la constitucionalidad burguesa perdida por el proyecto de clase.
Sin embargo, las demandas democrático-burguesas del perredeismo, con todo y pretender ser colocados bajo el control personal de la relación líder-cuadros militares, estaban inexorablemente ligadas a una dinámica de clase en la cual las demandas democrático-burguesas populares ampliaban, subjetivamente, y en la sociedad civil, la capacidad de irrupción de masas en el proceso.
Por ello, cuando el 24 de abril de 1965 se produce un conato de Golpe de Estado en las oficinas del Estado Mayor del Ejército por parte de militares constitucionalistas denunciados y develados, inmediatamente la irrupción de las masas, aunque inicialmente en apoyatura subalterna del hecho, crea las condiciones para el desbordamiento de la propia coyuntura golpista. Esto así, porque cada fracción militar, inicialmente trató de congelar las contradicciones en el contexto del “territorio” militar, sin comprender que la dinámica del golpe estaba inserta en una dinámica de masas democrático-burguesa a escala territorial, sobre todo urbana, y que la política de las armas había encontrado ya un espacio superior para dirimir sus definiciones históricas.
El 24 de abril de 1965 se inició como insubordinación y Golpe de Estado y continuó como contragolpe defensivo de los cuadros de la burguesía tradicional, pero en una situación, momento o coyuntura de total fraccionamiento del poder burgués y de su política armada. La crisis de hegemonía burguesa entró en una crisis del monopolio de la violencia material, un total fraccionamiento en la sociedad política, y como contrapartida, un ascenso de la sociedad civil, un reto del cuerpo social al Estado. Por eso al paso del golpe y contragolpe al alzamiento cívico-militar popular, es un proceso dialéctico claro y definido.
El golpe y contragolpe pretenden definir en el terreno militar profesional las contradicciones entre los proyectos históricos burgués tradicional, democrático-burgués y de relevo de la burguesía trujillista, cuando las demandas populares no encuentran momentos de resolución en espacios clasistas reservados y exclusivos para las minorías de cúpulas militares deliberantes. La insurrección de los días posteriores al 24 de abril es el armamento de una política cívico-militar nacional y popular, de transición desde las demandas democrático-burguesas a una revolución democrático nacional en perfilación antiimperialista.
La insurrección constitucionalista, es, pues, la política armada de una alianza de clases donde predomina la pequeña burguesía militar y la pequeña burguesía radical político-militar catorcista y de izquierda, con una superestructura política y no militar, del proyecto burgués reformista del bochismo-perredeísmo. Con ello queremos decir, que la base, la infraestructura cívico-militar constitucionalista y su poder correspondiente, los comandos constitucionalistas, representaban el armamento de una política de revolución popular-democrática, mientras la plataforma original y la superestructura formal constitucionalista correspondían a la estrategia de “revolución democrática” desde arriba de Juan Bosch y su proyecto reformista-capitalista.
Por el predominio real de la política armada democrática y popular de la alianza cívico-militar constitucionalista de base, que quiebra el poder unificado armado estatal, es que la burguesía tradicional y sus cuadros políticos y militares en alianza estrecha con el poder imperialista de la burguesía extranjera, deciden sustituir su política armada en crisis, que no pudo derrotar el alzamiento constitucionalista, por el ejército de ocupación de la fracción burguesa extranjera, la cual era la que efectivamente controlaba las decisiones políticas burguesas en la formación social dominicana.
Sin embargo, la insurrección popular cívico-militar constitucionalista no era el resultado de un proceso de maduración contrahegemónico en la sociedad civil, y por tanto con capacidad de unificación nacional territorial, lo cual limitó sus posibilidades de rápida hegemonía y control de forma tal que pudiera pasar a transformarse en una guerra de rápida resistencia al invasor norteamericano.
Por su lado, la política armada agresora de la burguesía extranjera y su ejército de ocupación, además de encontrar esa debilidad estratégica de la política armada democrática y popular contó con los recursos armados y políticos de la vieja alianza criolla cívico-militar en vías de desplazamiento, lo que le permitió aislar las luchas armadas de masas e implantar su nueva dictadura colonial.
No cabe dudas de que la política armada del imperialismo yanqui es lo que permite la recomposición de las nuevas alianzas con la burguesía tradicional y un sector de la burguesía de los funcionarios cívico-militar balaguerista, a partir, claro está, del propio Estado norteamericano, que en esa coyuntura pasó a transformarse en eje de la formación social periférica dominicana.
En ese sentido, la política armada constitucionalista expresaba la necesidad histórica del pueblo-nación de constituir por primera vez un estado nacional popular revolucionario, iniciando el proceso de desconexión (liberación nacional) del dominio imperialista. El 24 de abril fue el inicio de ese proceso, que demostró, además, que donde no hay protagonismo popular, no hay transformaciones. No existen las “revoluciones desde arriba”, aunque se requiera una dirección revolucionaria, que sólo existirá si expresa ese vínculo o relación entre pueblo y organización político-militar del acontecimiento.
El Nuevo Diario, Santo Domingo
15 de Julio 1986. Pág. 11